El proyecto impulsado por Pullaro y Javkin genera entusiasmo oficial, pero también un rechazo creciente de vecinos, ambientalistas y opositores que cuestionan su transparencia y legitimidad. Rosario, mayo de 2026
El Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario anunciaron la construcción de un parque acuático de 10.000 metros cuadrados en el balneario La Florida, sobre la Costanera Norte. La obra, financiada por la Provincia y ejecutada por el municipio, incluiría sectores infantiles, una torre de toboganes, solarium, gastronomía y un edificio de servicios con vistas al río Paraná. El gobernador Maximiliano Pullaro lo presentó como el más grande de la provincia, y el intendente Pablo Javkin destacó su potencial para generar empleo y consolidar a Rosario como destino turístico regional. En apariencia, una inversión en infraestructura recreativa y desarrollo urbano.
Sin embargo, el proyecto encendió una controversia inmediata. Vecinos, kayakistas, guardavidas, pescadores y organizaciones ambientalistas como El Paraná No Se Toca denunciaron que fue diseñado sin ningún tipo de consulta ciudadana. Alertan sobre la tala de decenas de árboles nativos, la cementización de la costa y, sobre todo, la eliminación del último tramo de playa pública y gratuita en esa zona. La pregunta que resuena entre los manifestantes es directa: si hoy cualquier rosarino puede usar ese espacio libremente, ¿por qué después tendrá que pagar para hacerlo? Una petición bajo la consigna La Rambla es de todos superó las 3.300 firmas en pocos días, reflejando una oposición ciudadana amplia y transversal.
Más allá del debate ambiental, lo que más preocupa es la forma en que el proyecto avanzó institucionalmente. La licitación fue lanzada sin autorización del Concejo Municipal, sin estudios de impacto ambiental previos y sin instancias formales de participación ciudadana. La celeridad del proceso -anuncio, pliegos y apertura de sobres en pocas semanas- generó sospechas fundadas. El concejal Juan Monteverde advirtió que vecinos ya presentaron acciones judiciales para frenar la adjudicación. En el Concejo, desde la oposición se acusó al municipio de incumplir sus propios deberes institucionales, mientras que desde el sector libertario se cuestionó el uso de fondos estatales para el emprendimiento. Esta combinación de apuro inusual, falta de controles y ausencia de debate público es, históricamente, el caldo de cultivo donde prosperan los contratos arreglados y los favores políticos.
El parque acuático puede ser una buena idea. Rosario necesita infraestructura, turismo y espacios de esparcimiento. Pero una obra pública que avanza sin transparencia, sin impacto ambiental, sin aval legislativo y sin escuchar a quienes hoy usan ese espacio no es desarrollo: es imposición. La diferencia entre una política pública y un negocio disfrazado de política pública no siempre está en el objeto de la obra, sino en cómo se toman las decisiones, a quiénes benefician y quiénes quedan afuera. En este caso, las señales de alerta son demasiadas como para ignorarlas.
B.K.