El juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción y procesó a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Archivó la causa por intrusismo profesional y siguió el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés en lo relativo a las dos primeras figuras delictivas atribuidas a ellos.
La causa arrancó en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias. Peinado dio cinco días a las partes para plantear juicio oral ante jurado popular y presentar conclusiones. El magistrado considera que hay indicios de tráfico de influencias para obtener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y compara el supuesto con conductas propias de regímenes absolutistas. Sostiene que desde 2018 hubo decisiones públicas favorables al proyecto vinculado a un aprovechamiento de la condición de esposa del jefe del Ejecutivo. En corrupción la ve como impulsora de captación de fondos privados orientados, según los indicios, a patrimonio personal, con posible apariencia de retribución encubierta ligada a adjudicaciones públicas. También propone juzgar malversación por tareas ajenas al cometido institucional y retribución con fondos públicos a la asesora, y apropiación indebida por registrar como propio un software de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Begoña Gómez y Sánchez estaban de viaje oficial en China al difundirse la resolución.