El gobierno colombiano aprobó un protocolo para aplicar eutanasia a unos 80 hipopótamos, descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en los años ochenta en la Hacienda Nápoles, hoy parque turístico cerca de Puerto Triunfo. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó los lineamientos; la ejecución quedaría para el segundo semestre, cuando asuma el nuevo presidente el 7 de agosto. La caza o el sacrificio serían última instancia solo si fallan alternativas no letales.
El plan distingue eutanasia química (corral, dardo tranquilizante, fármaco letal) y física (rifles de alto calibre, disparo a la cabeza para muerte inmediata). Los cadáveres irían a fosas profundas o cremación. En paralelo se sigue buscando traslado a zoológicos o santuarios en el exterior, vía abierta desde 2023 sin éxitos claros, y hay programas de esterilización costosos (cifras del orden de 9.800 dólares por animal) y riesgosos.
Sin control, el ministerio advierte que la población podría llegar a 500 ejemplares hacia 2030, con daño a ecosistemas y especies nativas como manatíes y tortugas de río; la especie está declarada invasora. Los animales avanzan por el río Magdalena y hubo apariciones en calles y rutas. El presupuesto citado ronda 1,7 millones de dólares para al menos 80 animales. La medida genera rechazo, por ejemplo de la senadora Andrea Padilla, que habló de matanza de criaturas sanas y culpó negligencia estatal. El caso recuerda al hipopótamo «Pepe», abatido en 2009 tras escapar de Nápoles.