El gobierno elimina restricciones a las patentes biotecnológicas

El objetivo de la medida es impulsar la innovación agropecuaria.

A través de la Resolución 197/2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó la Resolución 283/2015, una norma que había incorporado criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos vinculados a la biotecnología. Según los fundamentos de la medida, esas limitaciones habían generado obstáculos para la innovación, la inversión y el acceso a tecnologías estratégicas para el sector productivo.

La decisión restablece las directrices de patentamiento vigentes antes de 2015, recuperando un marco regulatorio considerado más claro y compatible con la legislación nacional y las prácticas internacionales. El objetivo es facilitar la protección de invenciones biotecnológicas y fortalecer la competitividad de la Argentina en áreas clave como la agricultura, la ganadería y la investigación aplicada.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a esta modificación de la norma: “Argentina vuelve al mundo en biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país. Antes se exigía que las partes y componentes modificados estuvieran «aislados» del organismo —condición que los privaba de toda aplicación industrial y, por ende, de protección-. ¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida?”

“La propiedad intelectual sólida es una condición de entrada a los grandes mercados. No es negociable para la UE, no lo es para EE.UU., no lo es para ningún acuerdo serio. Argentina deja de ser el país que llega a la mesa de negociación con reglas que el mundo rechaza”, agregó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además, la resolución incorpora una salvaguarda para terceros de buena fe que ya estén comercializando productos alcanzados por solicitudes de patentes actualmente en trámite. De esta manera, se garantiza seguridad jurídica durante la transición normativa, mientras se promueve un ecosistema más favorable para el desarrollo tecnológico y la innovación productiva.

Fuente: www.argentina.gob.ar