El Gobierno de Santa Fe ya identificó a varios responsables de las falsas amenazas en escuelas —todos menores de edad— y avanza para cobrarles a sus padres el costo de cada operativo. Cada intervención tiene un valor base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque según la zona y el despliegue puede ser bastante más.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó el lunes la Directiva N° 05/2026, que ordena iniciar de manera inmediata las acciones administrativas y judiciales para el recupero de esos gastos, en coordinación con Fiscalía de Estado.
El proceso es claro: identificado el responsable, se arma un expediente con los costos del operativo y se intima formalmente a los adultos a cargo. Si no pagan, interviene Fiscalía de Estado y el reclamo puede crecer con intereses y costas.
Los números del problema: entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones por amenazas en ámbitos escolares en toda la provincia.
Desde el Gobierno fueron contundentes: «No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales» y cada operativo «moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención». También aclararon que el cobro a los padres es una acción civil paralela a la causa penal, por lo que no hace falta esperar ninguna sentencia para iniciarla.