El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley de Salud Mental que actualiza definiciones, ordena procedimientos y mejora la capacidad de respuesta ante riesgo y emergencia. La propuesta reemplaza el término “padecimiento mental” por categorías diagnósticas de la Clasificación Internacional de Enfermedades y redefine el criterio de riesgo como peligro para la vida o la integridad propia o de terceros, con evaluación de contexto y antecedentes.
La internación seguirá siendo excepcional, pero en urgencias el psiquiatra podrá indicarla en forma involuntaria con ratificación interdisciplinaria en 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo. En altas voluntarias, si hay capacidad comprometida, el cuadro podrá pasar a internación involuntaria con control judicial. El esquema reconoce la necesidad de una red escalonada: hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas, priorizando evidencia, seguridad y disponibilidad real.
El proyecto busca corregir la fragmentación: solo parte de las provincias adhirieron a la ley vigente y existen brechas en camas, servicios y protocolos. Se fortalecen los sistemas de información (RESAM y REFES) para planificar por datos y se amplía la participación técnica del Ministerio de Salud en el órgano de revisión. Objetivo: reglas claras, menos ambigüedad y más herramientas para equipos, familias y Justicia, con enfoque federal, trazabilidad y tiempos definidos.