«Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado». Con esa afirmación contundente, el abogado Fernando Burlando abrió este martes el nuevo juicio oral por la muerte del Diez, que comenzó a las 10:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Burlando representa a Dalma y Gianinna Maradona.
El letrado sostuvo que para cometer el hecho «se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel», y calificó lo ocurrido como «un crimen perfecto». Describió que Maradona fue llevado bajo engaño a una internación domiciliaria donde «no había ni una curita» y donde nunca le pusieron un estetoscopio ni le escucharon el corazón. «Esto fue una crónica de un crimen que pretendía quedar impune», remarcó.
En la misma línea se habían expresado minutos antes los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Ferrari señaló que los imputados, «habiendo asumido cada uno su rol e incumpliendo todos los deberes de su cargo, colocaron una serie de factores que incrementaron notoriamente el riesgo» sobre la vida de Maradona. Para graficar lo que hicieron los acusados para salvar al exfutbolista, el fiscal mostró al tribunal una hoja en blanco. «Nada. No hicieron nada para evitar que Maradona muriera», dijo. Y advirtió: «El silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como responsables».
El fiscal Iribarren detalló las imputaciones contra los principales acusados. Al neurocirujano Leopoldo Luque le atribuyó haber dispuesto el traslado de Maradona a la casa de Tigre el 11 de noviembre de 2020 sin los elementos necesarios, y haber ignorado los signos de insuficiencia cardíaca. A la psiquiatra Agustina Cosachov la acusó de no asegurar la correcta medicación, de permanecer indiferente ante los síntomas visibles y de no realizar maniobras de RCP el día del fallecimiento, a pesar de ser la única médica presente.
Al psicólogo Carlos Díaz se le imputó no haber dispuesto la internación en un centro adecuado ni haber realizado un seguimiento en tiempo y forma. A Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, se le reprochó no haber dotado de profesionales ni de equipamiento mínimo —desfibrilador, electrocardiógrafos— a la internación domiciliaria, y no haber inspeccionado la vivienda antes de autorizar el traslado.
En total, siete trabajadores de la salud enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del ídolo del fútbol argentino.