Un operativo con medio centenar de efectivos dispuso el desalojo y clausura del histórico boliche Pinar de Rocha, en Morón, mientras había gente bailando. La medida surge de un expediente civil por deuda de alquileres, con resoluciones de primera y segunda instancia, y bajo supervisión de la Justicia de Morón. Los asistentes evacuaron por una salida lateral y el predio quedó con acceso restringido.
El conflicto enfrenta al empresario Daniel Bellini con la actual propietaria del inmueble y arrastra diferencias por el valor del predio y las condiciones de continuidad. La causa se remonta a la pandemia, período en el que el local operó con contratos irregulares y obligaciones incumplidas, según el expediente. El futuro del sitio podría incluir demolición y desarrollo inmobiliario.
El caso reabre el debate sobre seguridad jurídica, cumplimiento de contratos y previsibilidad para la inversión urbana. La aplicación efectiva de decisiones judiciales y reglas claras de juego resulta central para ordenar conflictos patrimoniales, reducir litigiosidad y facilitar reconversiones que generen empleo e infraestructura. Para los trabajadores y proveedores vinculados al lugar, la normalización y transparencia de la situación es clave para encarar cualquier proyecto viable.
