La Justicia federal sorteó tres denuncias por presuntas irregularidades en créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores. La primera recayó en el juez Ariel Lijo, con el fiscal Gerardo Pollicita, y por conexidad absorbería las demás causas inicialmente asignadas a Daniel Rafecas y a María Eugenia Capuchetti. Los presuntos delitos señalados: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario.
La presentación ante Lijo no identifica acusados; las otras involucran al ex titular del BNA Daniel Tillard y al superintendente del BCRA Juan Ernesto Curuchet, además de beneficiarios como Federico Furiase, Pedro Inchauspe y otros. En paralelo, el Gobierno defendió que los préstamos se otorgaron a tasa de mercado y bajo condiciones generales, con garantías y sin intervención del directorio en operaciones menores.
El Banco Nación presentará esta semana su respuesta formal con el detalle de casos revisados por su auditoría. En Casa Rosada aseguran que el debate intenta frenar el plan de capitalizar con aportes privados hasta 20% del banco y avanzar hacia su cotización internacional, bajo reglas claras y mayor transparencia. Con Lijo y Pollicita concentrando el expediente, el caso gana tracción institucional y ordena la investigación en un solo juzgado.