El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Consejo Federal de Delitos Económicos mediante la Resolución 230/2026. El organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y tiene un objetivo claro: coordinar a las 24 jurisdicciones del país con las fuerzas policiales federales y locales para prevenir y perseguir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
El Consejo operará como un espacio de articulación federal y circulación de datos, conectando las áreas especializadas de cada provincia y de CABA con la cartera nacional. La idea es optimizar el seguimiento de causas, facilitar el flujo de información estratégica y brindar asistencia técnica federal cuando las autoridades provinciales lo requieran, especialmente en casos de competencia federal o impacto interjurisdiccional.
Entre las líneas de trabajo se incluye el análisis de patrones delictivos que se mueven entre regiones: falsificación de moneda, contrabando, fraudes y estafas digitales como el phishing, que se replican con rapidez entre provincias. También se promoverá la difusión de alertas tempranas y buenas prácticas investigativas.
La creación del Consejo responde además a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que impulsa investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes. La estrategia se basa en el principio de «follow the money»: identificar, rastrear y afectar los flujos financieros ilícitos de organizaciones criminales. Una señal concreta de que el Estado apunta a desfinanciar el crimen organizado desde su dimensión económica.